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¿Cómo se puede beneficiar nuestra
sociedad del Estado sin que éste atente contra nuestras libertades? Esta
interrogante epitomiza uno de los temas de mayor sensibilidad social para
quienes creemos en la economía de mercado y en la libertad como principio
rector de vida. La respuesta a esta vieja pregunta tiene dos partes. La primera
consiste en definir las funciones del Estado en la economía de modo que nuestro
sistema capitalista sirva como mecanismo natural de la libertad económica y
como una condición necesaria para la libertad política. La segunda parte
consiste en limitar la gestión pública a dichas funciones. Identificar el rol
del Estado en la economía y circunscribir la gestión pública a dicho rol es
medular para que el gobierno no pierda el norte porque un gobierno confundido
en sus funciones es un gobierno torpe, desmedido y caro.
¿Cuáles deben ser las funciones del
Estado en nuestra economía? Adam Smith propuso hace más de 230 años que el
Estado: i) vele por la soberanía nacional; ii) vele por la integridad de
nuestra sociedad; y iii) crea instituciones públicas y asuma como obra pública
todo aquello que sea de beneficio social mas no pueda realizarse según
intereses privados. Estoy de acuerdo. Pero necesitamos interpretar la tercera
función debidamente porque es de concepto amplio y su falta de claridad
relativa ha servido para justificar el intervencionismo estatal en nuestra
economía en desmedro de nuestras libertades.
Para ver esto consideremos un ejemplo.
Supongamos que la actividad productiva de una fábrica contamina
involuntariamente las aguas de un río del que se beneficia mucha gente. Económicamente
esta contaminación representa un costo adicional y externo al proceso
productivo que la fábrica impone a terceros. En principio, toda esta gente
estaría dispuesta a permitir que la fábrica contamine el río por un precio. Pero
es prácticamente imposible que la fábrica pueda identificar a toda la gente
afectada y viceversa, con el fin de indemnizarla individualmente o llegar a
algún acuerdo. Tenemos pues una “falla de mercado” debido a una “externalidad”,
negativa en este caso, por la que no se puede compensar a la gente afectada.
Las externalidades son inherentes al
intercambio voluntario y permanente de bienes y servicios. El afán por abordar
las externalidades y corregir las fallas de mercado justificaría el
intervencionismo estatal. Esto sería cierto únicamente en primera instancia porque
como lo resaltara Milton Friedman, el intervencionismo estatal también genera
efectos colaterales de los que resultan las “fallas de gobierno”. El problema
principal para neutralizar externalidades es la falta de información sobre quiénes
se afectan y en qué forma. Ante este hecho fáctico cualquier esfuerzo del
gobierno en rectificar una situación afín podría resultar contraproducente e
inclusive empeorarla, imponiendo costos adicionales—e.g., más impuestos--a
terceros quienes probablemente no tiene nada que ver con el tema.
Nuestra experiencia enseña que cuando
una iniciativa pública no cumple con las expectativas del caso o se desborda
financieramente por el exceso de costos escondidos, el gobierno en vez de suspenderla
tiende a mantenerla, asignándole mayores recursos. Con esto no quiero decir que
la intervención estatal en la economía no se justifica, sino que debe ser
estrictamente necesaria para justificarse.
*/Publicado en el Diario Expreso, el viernes, 18 de mayo de 2012.
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