El gobierno de Cristina Fernández ha
vuelto a atentar contra la libertad económica de sus conciudadanos y el bienestar
material de la sociedad argentina. No ha sido suficiente la nacionalización del
sistema privado de pensiones y la reciente expropiación de la compañía
petrolera YPF de Repsol. Ahora acaba de restringir las importaciones de bienes
y servicios en su afán por evitar la fuga de divisas y así controlar su demanda
y tipo de cambio. Una vez más se apuesta por el proteccionismo para justificar
el intervencionismo estatal en nombre de los intereses de la sociedad.
