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En su obra maestra, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776), Adam Smith identificó
las funciones del Estado en el proceso de la creación y la acumulación de la
riqueza mediante la libre competencia. Una de estas funciones consiste en
defender la soberanía nacional. Otra consiste en velar por la integridad de la
sociedad. La primera función se refiere a la defensa de nuestras fronteras de
cualquier amenaza extranjera. La segunda se refiere, en parte, a la defensa de la
sociedad de cualquier forma de agresión entre connacionales. Smith escribió
hace más de dos siglos pero sus ideas en cuanto al papel del Estado siguen
vigentes. Y es que, si existe una función del Estado con la que casi todos
estamos de acuerdo, es nuestra protección de cualquier agresión de parte de otro
individuo o individuos.
Ante el clima de tensión que vivimos
actualmente en el Perú, uno no puede dejar de preguntarse si nuestro gobierno cumple
estas funciones debidamente. Después de todo, tenemos decenas y decenas de
conflictos sociales, organizados, en parte, por los movimientos anti-mineros y
por aquellos que apostaron fútilmente por la ortodoxia nacionalista. Asimismo
tenemos un narcoterrorismo in crescendo
y bien posicionado en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, que con
descaro y sin reparo asesina a diestra y siniestra. Y si ello fuera poco, no
podemos dejar de reconocer el efecto que tiene en este clima de tensión el diferendo
marítimo con Chile y el próximo fallo de La Haya. La inseguridad interna y el
desasosiego son, pues, cada vez mayores. Claramente, el gobierno no cumple
debidamente con su función básica de proteger a sus ciudadanos de cualquier
agresión.
Hay mucho que debería hacerse en este
sentido. Nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por ejemplo, necesitan
dotarse económica, técnica e institucionalmente. Además de una remuneración
digna, nuestros héroes necesitan de infraestructura, equipos, medios y
materiales modernos, así como de una formación profesional. Las demandas de
parte de nuestras instituciones militares y policiales no pueden ni deberían esperar
más. Nuestros valerosos soldados y policías están dispuestos a defender con sus
vidas nuestras fronteras y nuestras libertades, sin pedir mucho más a cambio que
el que se les permita asumir estos desafíos y enfrentar la adversidad en
igualdad de condiciones. Por ello me uno a todos aquellos que exhortan al
gobierno a tomar las decisiones ejecutivas y disponer de los recursos
necesarios para viabilizar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de forma
que el Estado cumpla con sus funciones de proteger la soberanía nacional y de velar
por la integridad de nuestra sociedad.
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