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Los sindicatos obreros le exigen al gobierno
de Cristina Fernández subir el sueldo mínimo para aminorar el impacto de la actual
crisis económica en el bienestar material de los trabajadores argentinos. Ante
una inflación anual del 25% y demás consecuencias de las medidas adoptadas por este
gobierno para obtener mayores recursos con los qué financiar un creciente gasto
público, esta exigencia era previsible. Desafortunadamente el sueldo mínimo es
ineficaz como instrumento de política económica. Por este motivo, incrementarlo
en este caso no solo no serviría para revertir los errores en materia
distributiva, sino que los profundizaría.
El salario mínimo tiene por objeto
beneficiar a los trabajadores menos calificados. Establece un mínimo
remunerativo del que una organización no puede descender para contratar los servicios
laborales de estos trabajadores formalmente. A pesar de su noble propósito, sin
embargo, el sueldo mínimo no beneficia a su público objetivo. Además es caro
para las empresas y sobretodo genera informalidad laboral. El salario mínimo
es, en suma, económicamente contraproducente. Esto sorprende en primera
instancia pero basta con desarrollar una simple explicación para ver el por qué
de su ineficacia.
Partamos de la premisa que un
intercambio de bienes y servicios será voluntario si beneficia a todos los
participantes. Y será sostenible sólo si es voluntario. Si el intercambio es
involuntario sólo podría concretarse vía imposición pero sería insostenible en
el tiempo.
Una empresa contrataría los servicios laborales
de un trabajador en la medida en que el costo económico de emplearlo sea igual
o inferior al ingreso por ventas que estos servicios le generen. El costo de
contratar formalmente a un trabajador es su remuneración completa según ley. La
contribución del trabajador a los ingresos de la empresa dependerá de su
productividad laboral--la tasa a la que transforma trabajo en producto. Entre
mayor es esta productividad, mayor será la remuneración del trabajador. La
empresa no contrataría los servicios del trabajador si el costo de emplearlo resultara
mayor que su productividad.
Para emplear a un trabajador éste
tiene que por lo menos valer lo que cuesta. Si su productividad laboral
corresponde a una remuneración inferior al sueldo mínimo, la empresa no lo
contrataría formalmente. En este caso el trabajador tendría como consecuencia
dos opciones: quedarse sin laborar o laborar informalmente por menos dinero. ¿Cuánto
menos? Pues lo que el mercado esté dispuesto a pagar por los servicios de un
trabajador no calificado.
A partir de ello podemos argüir que toda
inquietud de subir el sueldo mínimo implicaría una inquietud para exigir ex ante una mayor productividad a los
trabajadores que laborarían por dicho sueldo. El problema con esto es que, en
contraste al sueldo mínimo, la productividad no puede incrementarse por decreto.
Esta se genera en el tiempo a partir de la capacitación y la experiencia en el
trabajo. Entonces toda propuesta de subir el sueldo mínimo constituiría una razón
para que las empresas no contraten formalmente a trabajadores no calificados o
de escasas credenciales. Asimismo para un empleado que sí gana el sueldo
mínimo, todo incremento en éste constituiría una amenaza contra su empleo
formal. Puntualmente el sueldo mínimo no estimula el empleo y constituye una
fuente de informalidad.
Por lo anterior pensaríamos que el
gobierno de Fernández se opondría a aumentar el sueldo mínimo. Pero si por las
razones que todos conocemos fue capaz de nacionalizar YPF y los fondos de
pensiones; de gravar las exportaciones agrícolas y restringir las importaciones;
de controlar el tipo de cambio; y de maquillar los indicadores inflacionarios,
no tendría por qué sorprendernos que acepte el pedido de estos sindicatos en
duplicar el sueldo mínimo.
*/Artículo publicado en el Diario Expreso el 15/06/2012.
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